Artículo de opinión: ¿Fin de la crisis? Del paro a la precariedad

¿FIN DE LA CRISIS? DEL PARO A LA PRECARIEDAD.

Bajada del paro, creación de empleo, recuperación económica, subida de afiliación a la
Seguridad Social, salida de la crisis... Son mensajes que desde hace tiempo oímos casi a
diario, como si sus emisores y propagadores pretendiesen que su repetición constante
terminará por ser asumida o creída por la ciudadanía.
La siguiente tabla muestra los datos de personas desempleadas y número de habitantes
empadronados en Manzanares en los últimos años:


AÑO              PERSONAS DESEMPELADAS                 HABITANTES
2012                            2.140                                                   19.237
2013                            2.135                                                   19.118
2014                            2.098                                                   18.924
2015                            1.900                                                   18.642
2016                            1.696                                                   18.475
2017                            1.594                                                   18.206


Estos datos muestran una continua pérdida de población en nuestro pueblo junto a la
disminución de personas desempleadas. La bajada del paro siempre es una buena noticia,
pero su análisis en estos tiempos de “salida de la crisis” debe acompañarse de otras
realidades que van más allá de una simple estadística. La pérdida de población de
Manzanares, hecho que también se extiende a la mayoría de pueblos y ciudades de nuestra
provincia y comunidad autónoma, es uno de ellos. Si durante el periodo 2014-2017, el paro ha
bajado en 504 personas, al mismo tiempo se han marchado 718 personas. Aunque la pérdida
de población se explica por diversos factores, la falta de perspectivas laborales y por tanto
vitales es una de las principales. La mayoría de las personas que deciden emigrar a otras
ciudades, comunidades o países, no suelen ser trabajadores o trabajadoras con su vida
arraigada al municipio. Muchas son jóvenes, con o sin formación, que no tienen oportunidad de
acceder al mundo laboral, o como mucho, solo pueden aspirar a enlazar de forma intermitente
trabajos precarios. La realidad cotidiana muestra que los esfuerzos de las administraciones,
cada una con sus distintos niveles de responsabilidad y competencias, no están dando los
frutos deseados para fomentar el acceso a trabajos estables y dignos. Los millones de euros
destinados a políticas de empleo no están siendo una solución a medio y largo plazo para
acercarnos a ese horizonte. Aunque en este contexto de aumento de desigualdades, riesgo de
pobreza, precariedad y falta de oportunidades laborales (especialmente para grupos más
vulnerables como mujeres, mayores de 50 años, jóvenes sin formación, inmigrantes), los planes de empleo
son una herramienta necesaria para paliar situaciones de emergencia social, no son la única
solución al problema del paro estructural y de la precariedad que va camino de convertirse
también en estructural. Los planes de empleo, cuyas pautas de planificación y ejecución
también deberían replantearse e iniciar una transición hacia modelos económicos y sociales
más diversificados, sostenibles y formativos, pueden servir para bajar la tasa del paro en un
momento determinado, salvar estadísticas, generar noticias y fotos, pero desgraciadamente por
si solos no solucionarán el problema del desempleo, ni proporcionarán un futuro a medio y
largo plazo para nuestros pueblos y ciudades.

El descenso del paro tan utilizado para convencernos de la supuesta bonanza económica, se
ha conseguido mayoritariamente gracias a contratos temporales, a tiempo parcial o por horas,
con peores sueldos y en los que además muchas veces se producen fraudes en cuanto a sus
condiciones reales, amparados por políticas y reformas laborales basadas en el descenso de
los costes empresariales vía sueldos, la precarización y fragmentación de los puestos de
trabajo y el recorte de derechos. El resultado ha sido el paso de cientos de miles de personas a situaciones de vulnerabilidad y riesgo de pobreza. Esta profundización en el modelo neoliberal
«a la española» ha extendido la figura del trabajador y trabajadora pobre, que con
salarios de apenas 800-900 euros tiene que mantener un hogar, con sus gastos fijos y
crecientes de alquiler, hipoteca, electricidad, calefacción, alimentación y transporte. Ante la
imposibilidad de afrontar estos gastos esenciales para una vida digna, demasiadas veces se
debe recortar o prescindir de algunos. De ahí la creciente pobreza energética, la peor
alimentación, la interrupción de tratamientos médicos, las dificultades para proseguir los
estudios, la eliminación de gastos en ocio y cultura. El recurso a la solidaridad familiar, en la
que hay que destacar el papel de nuestras personas ya jubiladas, que han estirado sus
pensiones y tiempo para ayudar a hijos y nietos, ha sido y es fundamental para mantener la
cohesión social y paliar los efectos de estas situaciones a las que las administraciones públicas
han sido incapaces de afrontar de raíz.

Las personas desempleadas de más de 50 años (449 en nuestro municipio) son el grupo que
mayores dificultades tienen para volver a acceder al mundo laboral y el que ha sido más
invisibilizado. Este colectivo es el que acumula mayor porcentaje de parados de larga duración
(más de un año) y de muy larga duración (más de dos años). Un número creciente del mismo
ha perdido definitivamente la esperanza de volver a encontrar un empleo y se ha
autoexcluído de la búsqueda activa de empleo. Además desde 2013, los parados de larga
duración de más de 55 años son obligados a jubilarse anticipadamente a los 61 años, lo que ha
supuesto un recorte medio del 20% en sus pensiones. En este caso, se puede hablar de
personas expulsadas del sistema laboral y de dramas personales y familiares que más allá de
lo económico, se expresan también en problemas de resignación, pérdida de autoestima,
ansiedad y depresiones. Realidades cotidianas y cercanas de los que pocas veces habla la
política, los medios de comunicación y las estadísticas. Ante estas situaciones el mensaje de
salida de la crisis, recuperación económica y creación de empleo, tanto a nivel estatal, regional
o local adquiere matices de parcialidad, sugestión y propaganda. Por tanto, la supuesta bondad
de los datos, no debería esconder también la influencia de otros factores menos amables como
la pérdida de población activa, la emigración, las jubilaciones forzosas, la temporalidad y
fragmentación de los puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales y los
sueldos. Puede que así suba el PIB pero es a costa de aumentar la desigualdad, de empujar
hacia los límites del sistema a un creciente número de personas que se acercan cada vez más
a la pobreza y condicionar el futuro de próximas generaciones. Estamos ante un modelo económico basado en la desigualdad creciente, en el recorte de servicios, la pérdida de derechos y la depredación tanto de recursos naturales como humanos. Necesitamos iniciar una transición decidida hacia nuevos modelos que pongan la economía al servicio de las personas y del planeta. Necesitamos economías sociales, sostenibles y
solidarias que nos aseguren bienestar en todos los sentidos, un reparto más equitativo de la
riqueza, mayor cohesión social, empleos dignos y derechos sociales. El modelo global
neoliberal, por muchos mensajes, propaganda, estadísticas y cifras macroeconómicas que nos
repita, seguirá enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo cada vez a más. También aquí
dónde nos creíamos «primer mundo».


En estos últimos meses en los que tanto se ha hablado de la Constitución Española, tanto de
su defensa, su incumplimiento o posibles reformas, recordamos lo que dice en su artículo 25:

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de
profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo».

El derecho al trabajo no solo implica su reconocimiento formal sino que debería ser una
prioridad política para todos los poderes públicos. Para la aplicación de otros artículos ya han
demostrado ser rápidos, diligentes y sin escatimar en recursos.


Toñi Real.
Concejal del Grupo Municipal Asamblea Ciudadana de Manzanares.